“El goce del grado máximo de salud que se
pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin
distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o
social” (Carta de Constitución de la OMS)
En su inmensa mayoría, las medidas de contención del gasto
público, los recortes en lenguaje llano,
que está adoptando el gobierno del Partido Popular son, además de
ineficaces, extraordinariamente injustas
porque castigan de forma desproporcionada a los sectores más desfavorecidos de
la sociedad, lo que agravará su precariedad y, en muchos casos, les dirigirán
ineludiblemente hacia la exclusión social. Ante lo que parece inevitable
podemos afirmar que los daños en derechos y en cohesión social que tales
políticas van a producir pueden ser muy
serios e irreparables.
Pero de todas ellas debemos destacar una que resulta
especialmente injusta e injustificable, insolidaria y peligrosa para el
conjunto de la sociedad: la exclusión de la población inmigrante irregular del
sistema sanitario público. Hablo de exclusión porque, en la práctica, así será
si se cumplen las medidas anunciadas por el gobierno. Porque la sola atención a
la embarazada, a los niños y a los adultos en situaciones urgentes, lo único que se va a garantizar para esa
población, implica que la inmensa mayoría de los problemas de salud que les
afectan se van a quedar sin atender. Esto es así porque casi todos esos
procesos requieren atención continuada (exploraciones complementarias,
seguimiento de la respuesta a los tratamientos, intervenciones quirúrgicas
programadas y diferidas, etc) lo que se
negará a estas personas a partir del 31 de Agosto de este año. Reforzando ese
trato discriminatorio y desigual en
relación al resto de la población se les excluye también de todas las
actividades de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud por lo
que inevitablemente su salud empeorará y deberán soportar unas cargas de
enfermedad y muerte excesivas, injustas
y evitables. El derecho a la salud, un derecho humano fundamental, pasa
por garantizar una atención sanitaria de calidad, universal y equitativa para
todos por lo que hoy en día es
completamente injustificable que ese derecho se pueda condicionar a
determinadas características sociales o administrativas de las personas, tales como la edad, el sexo,
la posición social, la etnia, la religión o la posesión de determinados
documentos oficiales, como el permiso de
residencia. Tener o no un papel es algo coyuntural y, muchas veces, arbitrario
y no debe condicionar de ninguna forma el acceso a servicios básicos como la
atención a la salud. Con seguridad que la población española, por mucho que se
vea bombardeada persistentemente por tendenciosos mensajes negativos sobre esta
población, no entenderá que sea un acto solidario brindar atención sanitaria de
calidad a través de la Cooperación Española a población que vive en zonas
rurales de Mozambique, por ejemplo, y no lo sea proporcionársela al vecino de
enfrente porque, siendo extranjero, se quedó sin trabajo.
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